El Comercio del 10 de Mayo del 2008
La «destitución» de Julio Bruno es el primer paso. El siguiente, es la intervención directa del presidente regional, Vicente Álvarez Areces, ante «la situación de caos» en que se encuentra la consejería de Bienestar Social. Partido Popular e Izquierda Unida entraron ayer en la polémica abierta entre la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, y su subordinado y gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Julio Bruno.
Para ambos grupos, que Rodríguez desautorizara públicamente a Bruno después de que éste criticara a los trabajadores sociales municipales por no aplicar correctamente la Ley de la Dependencia es «algo inconcebible». Pero no por defender al gerente del ERA, «sino porque, si carece de su confianza, Rodríguez tiene que destituir a Bruno después del correctivo público».
Así lo aseguró a EL COMERCIO la diputada del PP, Inmaculada González, quien entiende que el problema «no es sólo que el gerente del ERA se metiera con los trabajadores municipales» sino que «realmente, la desmintió a ella, puesto que una semana antes la consejera nos dijo que ya no había lista de espera. Él vino y nos dijo la verdad, que hay 1.400 personas esperando por acceder a una plaza geriátrica pública».
En la misma línea se manifestó Noemí Martín. La diputada de IU considera que lo ocurrido «es una prueba más de la incompetencia de la consejera, que no tiene liderazgo ni en su departamento hay planificación».En ese sentido, ambas opinan que «la consejería está sumida en un absoluto caos, con retrasos en la aplicación del salario social, con descontento de los trabajadores y, sobre todo, con un completo colapso en la aplicación de la Ley de la Dependencia».
Por ese motivo, entienden que «debe intervenir el presidente» regional, puesto que, señaló Inmaculada González, «cada gol que le meten a la consejera entra en la portería de Areces y así se lo he dicho en el Pleno».
Sotrondio, privado
Se refiere González a la sesión en la que se debatió la moción de IU contra la privatización de la residencia de Sotrondio, que no salió adelante ante la abstención del PP. No obstante, González dijo que «IU tiene razón, puesto que en el convenio con Sedes no figura que la gestión deba ser privatizada».
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